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Nicaragua, 40 días de crisis política, policial, violencia y muerte

  30/06/2018

Desde el pasado 18 de abril la Nicaragua segura y pacífica que acaparaba la atención mundial con su clima propicio para la inversión y como paraíso turístico, está sumida en un caos social, en una lucha por el control del poder.

El 18 de abril se inició este periodo de violencia, muertes, tranques y saqueos a establecimientos comerciales. Justo un día después de que el gobierno mandara publicar una serie de medidas orientadas a mantener funcionando el Instituto de Seguridad Social, provocando el inicio de la protesta de los adultos mayores. A ellos se les sumó un grupo de estudiantes dirigidos de forma oculta por el partido disidente del FSLN, llamado Movimiento Renovador Sandinista (partido opositor al gobierno) y a quienes se les uneron obispos de la Iglesia católica, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y otras organizaciones no gubernamentales que también se oponen al gobierno y que se hacen llamar sociedad civil.

 A esta protesta se le suma lo que la oposición, llama fuerzas de choque del gobierno y de la policía nacional, en un intento por acallar la protesta, que provocaron las primeras víctimas al resultar protestantes lesionados y fallecidos. Hay que decir que lo que en un inicio fue visto como una protesta social, se ha convertido en una lucha por el poder, donde además de la violencia ambas partes han salido en gigantescas manifestaciones en las calles de la capital, principales ciudades y municipios de todo el país.

Esta protesta ya no es social por cuanto la oposición en la persona del COSEP, demandó un dialogo nacional el cual fue convocado por el gobierno y poniendo como garantes y testigos a los obispos, aun sabiendo que el clero forma parte del plan para apoderarse del gobierno. Esto quedó de manifiesto, una vez instalado el diálogo nacional donde las fuerzas políticas de oposición, empresarios, ONG, obispos como Silvio Báez y Abelardo Matta, y estudiantes pidieron la deposición del gobierno al presidente constitucional Daniel Ortega, así como el desmantelamiento de todos los poderes del estado, ejército y policía.

Durante la primera sesión plenaria de la mesa de diálogo nacional los obispos convocados como mediadores y testigos presentaron una agenda encaminada a la rendición del gobierno y la conformación de una junta de transición, lo que fue considerado por el gobierno y la misma Organización de Estados Americanos (que no participa en el diálogo) como un golpe de estado que rompe todo el orden constitucional del país.

Hay que decir que en esta crisis quien ha puesto más en términos de negociación es el gobierno en aras de conservar la paz, lo señalo a continuación. La oposición pidió diálogo nacional, el gobierno lo convocó, pidió como testigos y mediadores a los obispos, el gobierno los aceptó, pidió la presencia en el país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y el gobierno les permitió su ingreso y les dio todas las condiciones para que verificara in situ las denuncias sobre violencia y violación de derechos humanos, muertos y lesionados, pidió que el gobierno acuartelara a la policía nacional, y hasta hoy las fuerzas del orden se mantienen en sus cuarteles, y solo acuden en casos de violencia extrema y en determinadas horas del día.

En la mesa de diálogo los obispos pidieron al gobierno y a la oposición que hicieran propias quince recomendaciones hechas al gobierno por la Comisión Internacional de Derechos Humanos y que se aprobara la agenda que trataba temas sobre democratización, violencia y seguridad, agenda que fue rechazada por la representación del gobierno, señalándola de un golpe de estado encubierto bajo términos legales. Esto provocó que los obispos suspendieran de manera indefinida la mesa de diálogo y mandó a las partes a conformar una comisión negociadora para tratar de empujar la continuidad del diálogo nacional.

Mientras esto sucedía en la mesa de dialogo y las fuerzas policiales permanecían acuarteladas, en las calles se intensificaban la violencia y el vandalismo, con la destrucción de edificios gubernamentales, saqueos en comercios y mercados, ataques armados entre grupos, toma de recintos universitarios, amenazas y destrucción de medios de comunicación como Radio Darío en León, Radio Ya y ahora Radio Nicaragua, la emisora del estado, asesinatos de periodistas, así como la destrucción de símbolos del sandinismo y del gobierno. Ahora se deben incluir los ataques y destrucción de cuarteles de la policía nacional en Sutiava, Leó, Diriamba, Carazo y Mulukuku en la región norte del Caribe.

La escalada de violencia ha dejado al país hasta el día de hoy con la muerte de más de 150 nicaragüenses, entre estudiantes, policías y civiles según datos de los distintos organismos defensores de los derechos humanos. Hoy día de estos apuntes, podemos decir que la violencia se ha manifestado principalmente en Managua, Masaya, Carazo y León. En el resto del país, se registran marchas pacíficas de uno y otro bando, sin que se hayan producido mayores hechos de violencia, saqueos, heridos o muertos.

Ayer, 28 de mayo, la comisión nombrada por los obispos para tratar de destrabar el diálogo lograron acuerdos, uno de ellos abordar desde las leyes del país el tema de la democratización, mostrando una vez más el gobierno el deseo de que la situación se arregle mediante las pláticas, mientras la oposición sólo se comprometió, al igual que lo hizo el gobierno, a hacer llamados a la no violencia, venga de donde venga, y tratar de suavizar los tranques que han colocado en varias carreteras del país y que impiden la libre circulación de personas, alimentos, medicinas y ambulancias que trasladan enfermos.

Podemos decir también que la protesta, que al inicio tenía el interés social por cuanto se tomaron como punto de partida las reformas de la seguridad social, y fueron apoyadas por una mayoría de la población, se ha convertido en una lucha, acompañada de violencia, por el control del gobierno aun a costa de romper el orden constitucional del país.

Por último, considero que estas protestas van perdiendo el respaldo popular al proponer los obispos y la oposición en la mesa de diálogo que el tema de la seguridad social se aborde fuera del diálogo nacional y recomendando que el seguro social sea separado del gobierno, propuesta que ha sido interpretada por la población como un intento de privatizar la seguridad social del país.

En relación a nuestro Ocotal, en Nueva Segovia se ha mantenido la paz social y las actividades rutinarias de la población, las clases en sus diferentes niveles y modalidades funcionando, los trabajadores públicos y privados con normalidad en sus labores, resintiendo sí el desabastecimiento de algunos productos que llegan desde Managua y ahora retrasados por los tranques. Las marchas de ambos bandos, tanto por los opositores al gobierno como los que le respaldan, se han realizado hasta ahora sin ningún incidente y esperamos que logren mantenerse de esta manera.

 Article de Roger Solís, director de Radio Segovia (Ocotal), Nicaragua